Como la corrupción domina a Mexico



 

Mexico City, Mexico  Actos de corrupción hay en todo el mundo: escándalos sobre malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, otorgamiento de contratos en dudosas circunstancias y lavado de dinero son prácticas en las que han incurrido personajes de la esfera pública en países tan distintos como Brasil, Estados Unidos y Ucrania. Ni una organización de carácter deportivo como la FIFA, se ha salvado del problema.

Un manifestante que expreso su inconformidad con la corrupción evidente (Julio 2012). cc/flickr/Armando Aguayo Rivera

Tampoco es un secreto que México es uno de los países más corruptos no sólo de América Latina sino del mundo. Los escándalos por casos de corrupción son protagonizados por integrantes de la clase política, empresarios, gobernadores y ex mandatarios. Incluso su actual presidente, Enrique Peña Nieto, se ha visto envuelto en acusaciones que han hecho tambalear su mandato.

Yuri Serbolov, director de la revista “Carpeta Púrpura”, señala: “No es que Mexico sea más corrupto que el resto del mundo, el problema es que cuando en Japón existe un caso de corrupción, quien lo lleva a cabo comete un acto similar al harakiri, si es en Europa, los responsables acaban en la cárcel; en México los corruptos acaban de embajadores, de gobernadores, de legisladores, porque no hay una sanción”.

Esto lo sabe bien Hilario Ramírez Villanueva, alcalde de una comunidad costera en el occidental estado de Nayarit. En 2014, durante un acto de campaña para competir por segunda vez para ocupar el ayuntamiento, reconoció haber robado dinero del erario, perteneciente a la presidencia municipal, “Sí le robé, sí le robé. Poquito porque está bien pobre. Le di una rasuradita (al presupuesto), nomás una rasuradita”.

A pesar de reconocer ante decenas de personas la comisión de un delito, el caso del candidato no pasó de la anécdota y del chiste político: los dichos de Ramírez Villanueva lo encumbraron al triunfo y el día de hoy es presidente municipal de uno de los más importantes centros turísticos en el occidente del país.

“Por eso se dice que si vas a robar en México, robes mucho, no robes poco, porque después, tienes que pagarle a los jueces y a los abogados. Si los políticos y el gobierno tuvieran una preocupación real para que este país funcionara, esto se cambiaría”, remata Yuri Serbolov.

Corrupción, el diagnóstico que todos conocen

Datos expuestos por Transparencia Mexicana sostienen que el 14% del gasto total de los hogares mexicanos se destina a “pagos extraoficiales”, es decir, a actos fuera de la ley. Los mexicanos le llaman “mordida” al pago de sobornos para evitar multas, agilizar trámites, conseguir permisos o ganar licitaciones públicas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana, organización que reúne al sector empresarial mexicano, señala, por su parte, que el costo anual de la corrupción es de un billón 922 mil millones de pesos, es decir, 111 mil millones de dólares anuales.

“Lo que pasa es que es una práctica muy generalizada, tanto que estamos muy acostumbrados a ella, es decir, hay una clara aceptación por parte de un alto porcentaje de la población. Se cree qué ‘ni modo’, que la corrupción llegó para quedarse, porque cuando uno habla con cualquier persona de la calle, nos dicen así somos, así son todos y siempre va a ser así”, afirma Darío Ramírez, de la organización “Mexicanos contra la Corrupción”.

Y es que en México uno de cuatro mexicanos prefiere dar “mordidas” que pagar una multa de tránsito, al considerar que es más fácil solucionar un problema con 10 dólares, que pagar sanciones económicas estratosféricas, en un país donde el salario mínimo es de apenas 3.6 dólares al día.

El índice de Competitividad Global 2016-2017 del Foro Económico Mundial, coloca a México en el lugar 126 entre 138 países, es decir, la décimo tercera nación más corrupta del mundo; si comparamos con los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, México resulta ser la nación más corrupta del bloque.

Mantenerse como el país más corrupto de la OCDE no es fácil y pareciera que México se esfuerza en mantenerse en la cima. Cada día emerge de la función pública un caso de corrupción más espectacular y escandaloso que el anterior. El saliente gobernador del estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, César Duarte, apenas concluye sus funciones y ya es investigado por la Procuraduría General de la República por cargos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

En situaciones similares se encuentran los gobernadores salientes de Quintana Roo, Sonora y Veracruz, siendo este último el más perturbador. Según investigaciones oficiales, al gobernador de esa entidad, Javier Duarte de Ochoa, se le imputa el desvío de al menos 900 millones de pesos, equivalente a 45 millones de dólares.

No es un secreto que México es uno de los países más corruptos no sólo de América Latina sino del mundo. cc/flickr/withquietintentions

La Fiscalía mexicana dio a conocer que Duarte de Ochoa creó 35 empresas fantasmas para adjudicarles contratos públicos, sin que las compañías contarán con empleados o infraestructura para realizar obras o ser proveedoras de servicios para el gobierno estatal.

Por el momento, hay nueve empresarios y ex funcionarios sujetos a juicio penal por este caso de corrupción que involucra a 69 personas. A 48 días de concluir su encargo, Javier Duarte tuvo que solicitar licencia ante el Congreso local para enfrentar las acusaciones en su contra.

Estas prácticas ilícitas se han convertido en el segundo problema que más preocupa a los mexicanos con 50.9 por ciento, tan sólo detrás de la inseguridad y delincuencia que alcanza el 66.4 por ciento, así lo deja entrever la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Inmersos en la corrosión del sistema, nadie puede negar que en México se gesta no sólo un problema, sino varios. El Presidente Peña ha intentado responsabilizar a la sociedad, al afirmar que la corrupción es un asunto cultural, como si el mexicano común olvidara que él y su esposa se vieron envueltos en uno de los mayores escándalos de conflicto de interés y corrupción de los últimos sexenios.

La Casa que hundió un gobierno

El 9 de noviembre de 2014, apenas 23 meses después de que el Partido Revolucionario Institucional regresara al poder, Enrique Peña Nieto fue exhibido en un reportaje titulado “La Casa Blanca de EPN”, en el cual se dio a conocer que la lujosa residencia que la esposa del mandatario, Angélica Rivera, presumía en revistas del corazón, fue adquirida a una empresa subsidiaria de Grupo Higa, perteneciente a uno de los contratistas favorito del sexenio: Juan Armando Hinojosa Cantú.

Durante los seis años que Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, previo a su mandato presidencial, al empresario se le otorgaron alrededor de 35 mil 668 millones de pesos en contratos, cifra raquítica si se compara con los 54 mil millones 802 millones de pesos que se le adjudicaron durante los primeros dos años del sexenio presidencial.

Lo que hubiera generado una revuelta popular o una posible destitución en cualquier país europeo con un sistema de gobierno parlamentario, en México solo generó gran disgusto en la oficina presidencial. Para sacudirse la embestida, se nombró a un fiscal al que se comisionó para que realizara una investigación sobre un eventual delito o acto de corrupción.

Sin embargo, resultó que el funcionario encargado del caso, Virgilio Andrade, formaba parte del círculo presidencial. Además, era amigo del entonces ministro de Hacienda, Luis Videgaray, e hijo de un abogado que defiende al líder del poderoso sindicato petrolero de México, Carlos Romero Deschamps. Todos tienen en común su pertenencia al PRI, el partido en el poder.

De los expedientes de la investigación relacionados con Peña Nieto, resultó que no incurrió en conflicto de interés y que no violó ninguna de las obligaciones qué, como servidor público, le correspondía. Así lo dio a conocer su amigo Virgilio Andrade, a través de una magna conferencia de prensa, el 21 de agosto de 2015.

El Presidente y su círculo cercano fue exonerado, mientras que el grupo de periodistas que dio a conocer la investigación, liderado por Carmen Aristegui,se vio obligado a salir del aire cuatro meses después de darse a conocer el reportaje.

Si bien la empresa alegó “pérdida de confianza” como excusa para el despido de los periodistas, el acto fue duramente cuestionado por la oposición política y por un amplio sector de la sociedad. Hasta el mes de octubre de 2016, el equipo de reporteros de Aristegui continúa fuera del aire y otros concesionarios de radio tienen temor de contratarlos.

La corrupción no es cultural

En diversas ocasiones el primer mandatario Enrique Peña Nieto ha argumentado que para combatir a la corrupción se debe partir de reconocer que es un asunto de orden cultural; por ello en su momento, hizo un llamado a construir una nueva cultura ética en la sociedad mexicana.

Enrique Peña Nieto: "Para combatir a la corrupción se debe partir de reconocer que es un asunto de orden cultural" – pero la corrupción no es cultural cc/flickr/iivangm

El constitucionalista mexicano y ex Fiscal General, Diego Valadés, respondió a la simplificación del Presidente con una crítica al sistema político. “La corrupción es esencialmente un problema institucional, son deficiencias en las instituciones las que dan lugar a comportamientos distorsionados”, señaló.

“El mexicano en sí no es corrupto, el sistema político es el corrupto y no es un asunto cultural del pueblo, es un asunto cultural de los políticos. Para el pueblo la corrupción se ha convertido en un impuesto, en una carga y la prueba está en que cuando el mexicano cruza la frontera y se va a Estados Unidos, allá sí respeta la ley, evita las infracciones de tránsito y paga sus impuestos”, asevera Yuri Serbolov.

Además de pedir perdón a la sociedad mexicana por los daños ocasionados por el tema de la Casa Blanca, el mandatario mexicano envió al Congreso una serie de reformas que se denominaron anti corrupción. Propuso la creación de un Sistema Nacional para abatir estas prácticas.

Después de meses de discusión, se aprobó una reforma que se negó a transparentar los bienes y cuentas de los funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno, para así poder vigilar que sus ingresos correspondan con su patrimonio.

Pero las buenas intenciones de este sistema anticorrupción se acabaron muy pronto. En el proyecto de presupuesto diseñado por el Presidente, no se contempló ni un solo peso para que el ente encargado de vigilar a los políticos comenzara a operar. La oposición en el Congreso de inmediato notó la omisión, pero más allá de que la misma sea corregida, esta sólo hizo más evidente el desprecio de Enrique Peña por un combate a la corrupción que vaya más allá de las palabras.

Publiziert Januar 2017